Hace más tres meses la Contraloría de la República, a través de la Oficina de Control Interno de la Municipalidad de Comas, OCI, entregó al Alcalde de ese distrito, Miguel Saldaña, los informes de responsabilidad penal y administrativa que cometieron sus funcionarios por propiciar la construcción del Centro Cívico Municipal en un área reservada para uso público.
Pero hasta el momento el burgomaestre no ha hecho la denuncia al Poder Judicial, y el 12 de diciembre inauguró esa cuestionada obra, no en olor a multitud como esperaba, sino con un público reducido, a pesar de la propaganda que hizo. La inauguración no se hizo en la explanada del Centro Cívico, si no en un espacio enrejado, en una ceremonia que terminó con menos de 120 personas, y a la que el ingreso estuvo restringido.
Percy Aquino Rodríguez, Secretario de Organización del Comité de Lucha de Comas dijo que “el Alcalde ha cambiado algunos funcionarios, librándolos de responsabilidad, pero mantiene todavía a Walter Salinas Acosta, ex Gerente de Administración y Finanzas, que integró la Comisión Técnico Calificadora de ese proyecto, quien ahora figura en otro cargo”. El Alcalde tampoco denuncia a los otros responsables: Virnel Serna Guerrero, ex Gerente de Desarrollo Urbano y Presidente del Comité Especial de Adjudicación de Obras, y Manuel Gómez Sánchez, ex Sub Gerente de Obras Públicas, Pedro Cirilo Coral, ex Sub Gerente de Obras Privadas.
Según el informe de responsabilidad penal Nº 10-2009-2-2175, de la OCI los 14,400 metros cuadrados donde se ha construido esa obra estaban reservados para un parque público y recreacional, y por tanto, los funcionarios ediles que destinaron esta área intangible para fines de expansión urbana infringieron el Código Penal, y violaron la Ley Orgánica de Municipalidades 23853 vigente en el año 2006 en que ocurrió la falta.
El informe de responsabilidad penal también señala que se habrían cometido delitos de malversación y peculado, según el jefe de la OCI, Ing. Moisés Pujaico, con lo cual la penalidad para los funcionarios prevista en 8 años, se eleva al doble, es decir a 16 años.
Otro informe de la OCI, elaborado con anterioridad, Nº 09-2007-2-2175, recomienda instaurar proceso administrativo a los integrantes del Comité Especial de Adjudicación de Obras que entregaron en el 2006 la buena pro para construir el Centro Cívico Municipal. Asimismo, existe otra denuncia sobre responsabilidad administrativa que figura en el informe OCI Nº 07-2009-2-2175.
“Uno de los integrantes de ese comité especial, designado mediante resolución de Gerencia Municipal Nº 080-2006, fue el entonces Secretario General del Concejo y actual Teniente Alcalde de Comas, Wilfer Carlos Palacios. El informe de la OCI no lo menciona, a pesar que en el 2006 si era funcionario público, pero el también avaló a malos funcionarios comprometidos en irregularidades”, enfatizó Aquino.
Enfatizó que Wilfer Carlos Palacios en al sesión de Concejo del 30 de septiembre negó que existieran responsables identificados en los informes de la OCI, con lo cual trataba de encubrir esas irregularidades.
MODERNIDAD Sí, PERO SIN CORRUPCIÓN
Enfatizó que la decisión de seguir adelante con la construcción del Centro Cívico puso en riesgo recursos por casi 4 millones de soles, que pudieron destinarse mejor a otros fines, y permitió una serie de irregularidades como retrasos en la edificación, a pesar de los pagos por adelantado al contratista, deficiencias en los expedientes técnicos, y compras irregulares de bienes, tal como lo señalan diversos informes de la OCI del Municipio de Comas.
El dirigente vecinal manifestó que no se opone a las obras de infraestructura y a la modernidad; pero que la comisión de delitos no puede quedar impune.
El Alcalde al no denunciar a los funcionarios implicados en este caso de corrupción viola el articulo 407 del Código Penal, omisión de denuncia de delito, por lo cual puede ser denunciado por la sociedad civil.
JUICIOS PENDIENTES
Aquino enfatizó que el Alcalde de Comas también presiona al Séptimo Juzgado Penal del Cono Norte para que prescriba el proceso judicial en su contra iniciado en el 2006 por propiciar la aprobación para la construcción de esa obra en una zona pública. “La pena por este delito para un funcionario público se duplica, e implica una inhabilitación para ocupar posteriores cargos públicos”, precisó.
Recordó que además existe otro juicio en la Segunda Sala Civil del Cono Norte, formulada por la Asociación de Propietarios de la Urbanización Santa Luzmila, que demandó en el 2006 la nulidad del asiento registral de los terrenos donde se construyó la obra, debido a que los planos con se inscribió años atrás toda la urbanización se efectuaron con una resolución falsa de la Alcaldía Metropolitana.
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