La exclusión de César Acuña
del proceso electoral tiene varias connotaciones. Es un castigo a una persona
acostumbrada a saltar la valla de la ley y hacer de la política populismo puro,
regalando dinero y dando dádivas a sus electores, desde que fue Alcalde,
presidente regional, y presumiblemente desde cuando era congresista.
¿Por qué antes no lo
sancionaron, a pesar de tener varios procesos judiciales, e incluso una multa
de la ONPE por usar dinero de su universidad, la UCV para su campaña política
(que nunca pagó)?. Antes el poder político le permitió todo eso.
Ahora no, ¿porque chocó con
el elenco estable de candidatos favoritos? ¿Porque representa la figura de un
cholo, salido desde abajo, y que aplica
el vale todo para conseguir sus objetivos? Un modus operandi ¿qué solo estaría
permitido para los candidatos de otros colores y estratos y/o relación
económica, como lo son Keiko, PPK y Alan García?, cuya única diferencia con la
conducta de Acuña es que no se les conoce como plagiadores.
Acuña no era el candidato
identificado con la CONFIEP o con los lobbies de los grandes grupos de poder,
como sí lo están los mencionados candidatos. Su fortuna (que muchos de éstos
envidiarían para sostener su campaña política) no aparece ligada a estos
colectivos empresariales.
Más que una connotación racista,
o al resultado lógico de una sanción por infringir la ley electoral, la exclusión de Acuña también respondería al
interés de quienes solo entre ellos quieren seguir repartiéndose la torta del
poder político. ¿Cómo este Sr. se ha
atrevido a querer ser presidente, desplazando a quienes tienen la venia
de los poderes políticos, empresariales y judiciales? Esta misma lógica parecería aplicarse al candidato Julio Guzmán.
Es cierto que Acuña y Guzmán
han faltado, e incumplido con los procedimientos legales del proceso electoral.
Pero, el brazo del JNE y la presión mediática no fueron igual de duros con
otros candidatos que dan prebendas, e incumplen con los procesos internos de
elección de candidaturas.
Para tratar de ser justos, y
no pensar que la ley solo se utiliza para sacar de juego a quienes no forman parte
del elenco estable, el JNE debería iniciar un proceso sancionador contra Keiko
Fujimori por las mismas razones que sancionó a Acuña: uso indebido de dádivas
por el candidato presidencial. Hay suficiente evidencia que Keiko ha regalado
alimentos y otros artefactos, así como
lo han hecho sus candidatos a congresistas.
Una decisión contraria del
JNE daría más que la impresión; la evidencia de que hay un favoritismo no encubierto
que no dista mucho de crear las condiciones para un fraude electoral.
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